La medida, adoptada por iniciativa del pleno de Tribunal de Cuntas, tiene su origen en las denuncias realizadas por varios funcionarios de la Diputación regional, durante la vista oral celebrada en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), contra el presidente cántabro y en las continuas irregularidades detectadas por este organismo en las cuentas facilitadas al Estado.

En este sentido, el TC remitió al presidente de la Asamblea regional un informe en el que detallaba algunas de las irregularidades en las cuentas de la Administración autonómica en elaño 1991 y lamentaba los retrasos que por parte de la Consejería de Economía se producían a la hora de remitir sus informes y alegaciones.

Entre los gastos sujetos a investigación, la cual se lleva con gran hermetismo por parte de la Diputación regional, se encuentran diversas obras de carreteras adjudidas por Juan Hormaechea y la polémica contratación de una incineradora por parte del Gobierno de gestión presidido por Jaime Blanco, adjudicación muy criticada por el actual jefe del Ejecutivo.

Lasdiferencias entre las cuentas presentadas por la Diputación regional y los informes del TC no son nuevas. Este organismo vienen denunciando en los últimos años la inclusión por parte del Ejecutivo autónomo en los presupuestos de la comunidad de las transferencias que el Estado realiza a los Ayuntamientos y de los que el Gobierno cántabro es un mero transmisor.

El consejero de Economía, Manuel Pérez, está condenado por el TSJC por no librar estas partidas aduciendo las deudas que con la Diputación tienn contraídas los municipios cántabros, lo que fue considerado como un delito por el Tribunal.

El presidente de la comisión parlamentaria de Economía, el senador socialista por Cantabria Juan José Sota, ya apuntó en marzo pasado varias de las irregulareidades detectadas. Según Sota, el TC en su arqueo encontró la existencia de 17 cuentas bancarias que se habían excluído por un total de 141 millones de pesetas, así como la no inclusión en la contabilidad de 748 millones utilizados para pagar a funcionaros.

En cuanto a los avales de la Diputación, el Tribunal de Cuentas no conseguía "con absoluta certeza" conocer el riesgo asumido por el Ejecutivo cántabro, según Juan José Sota.