En un voto particular a la decisión del pleno del pasado 3 de febrero, los consejeros Ubaldo Nieto, Antonio de la Rosa y Juan Velarde, critican los acuerdos aprobatorios sobre las subvenciones que adeuda el Estado a los partidos por las elecciones municipales de 1991.

El escrito destaca que la normativa vigente exige a los partidos una contabilidad detallada y documentada de sus ingresos y gastos electorales,pero no la aportación de los balances y cuentas de explotación de los diferentes procesos electorales, como mantiene el citado informe del que fue ponente el consejero socialista Eliseo Fernández Centeno.

Para los consejeros, esta documentación carece de validez y representatividad y ha supuesto una limitación del control que debe ejercer el tribunal al asumir la desconexión de distintas contabilidades.

Los consejeros estiman que llevar una contabilidad segregada no permite conocer la situación eonómica financiera íntegra en todo momento y se muestran partidarios de que la fiscalización de las campañas electorales se contemplen dentro de un planteamiento de contabilidad única por razones no sólo técnicas, sino también para garantizar el control de su actividad, lo que exige "uniformidad de criterios e integración de registros contables".

Destacan que el propio Fernández Centeno aceptó estos criterios en un debate previo al pleno y sin mebargo, reincide en las deficiencias recalcadas creando aemás una confusión a los partidos sobre la naturaleza de la documentación que deben rendir.

Además, consideran que en los informes aprobados se realizan recuento de votos y de cargos electos y la cuantificación de la subvención a percibir, "en lugar de limitarse a efectuar la declaración preceptiva sobre la regularidad de ingresos y gastos".

A ello se une "el escaso rigor" en su ejecución al introducir modificaciones de última hora en los informes, "que han generado serias dudas sobre la correccin de los importes incorporados", al tiempo que ha provocado un retraso considerable para concluir las fiscalizaciones.

Por otra parte, los consejeros denuncian que se ha dado un trato discriminatorio a las pequeñas formaciones políticas al no efectuarse el seguimiento del cumplimiento del límite máximo de gastos por circunscripción electoral.

Los informes no recogen tampoco los datos que permiten a los partidos identificar y valorar los resultados de la fiscalización, como el límite máximo de gasos o la explicación de las discrepancias de contabilidad entre algunas formaciones y las empresas suministradoras, mientras que contienen sin embargo referencias a importes "insignificantes".

Para los consejeros, los informes reflejan numerosas contradicciones por la "ausencia de rigor técnico" en su elaboración y así, ponen de manifiesto la diferencia entre el importe de subvención recogido en la declaración de gastos regulares justificados y la asignada en el texto del informe de elecciones locales on respecto a diversas formaciones.

El voto concluye destacando la necesidad de establecer un criterio adecuado para asegurar el control de la actividad electoral y garantizar "la objetividad y el rigor técnico exigibles al Tribunal de Cuentas".