En el informe fiscalizador, al que ha tenido acceso Servimedia, el Tribunal de Cuentas duda de la fiabilidad de las cuentas del consistorio leonés referidas al ejercicio del 97.

Los expertos del Tribunal denuncian las "limitaciones a la fiscalización" debidas a las "deficiencias de contol interno y a la no aplicación de las normas y principios contables" establecidos por la normativa vigente sobre gestión de administraciones locales. Ademas, el Tribunal denuncia la "falta de concordancia entre los saldos de rúbricas idénticas en los diversos estados".

En el capítulo de presupuestos, el informe pone de manifiesto que las modificaciones de crédito "presentan carencias documentales o deficiencias formales", como la inexistencia de informes del interventor del Ayuntamiento.

Respect a la recaudación de tributos, el registro de ingresos tributarios "no guarda la necesaria concordancia con la contabilidad municipal".

Además, en el capítulo de transferencias recibidas de la Junta de Castilla y León, se reconoce un envío de fondos de 1.000 millones de pesetas para determinadas obras que, en las cuentas consistoriales, sólo aparece reflejado con una fiscalización de 660 millones.

SOBRESUELDOS

En cuanto a la gestión de personal, se ponen de manifiesto pagos extra a funcionariossin acreditar que los trabajos se salgan de lo normal y, además, se sitúa a una parte de los funcionarios con condiciones económicas más ventajosas que a otros.

En la contabilidad, los derechos pendientes de cobro en 1997 están sobrevalorados en 1.238 millones de pesetas, mientras que, en el estado de Tesorería, no se incluye el saldo de 14 cuentas corrientes, por un valor de 65,9 millones de pesetas.

Finalmente, en la contratación de obras y servicios, el Tribunal denuncia que, en la selección d adjudicatarios, "se ha vulnerado los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación".

Con todo esto, el Tribunal de Cuentas aconseja al Ayuntamiento modificar prácticamente todo su sistema de gestión para hacerlo más transparente y fiel a la normativa sobre administración de los entes locales.