El informe fue presentado hoy en el Congreso por el presidente del tribunal, Adolfo Carretero, quien señaló que el Gobierno remitió sus cuentas para la fiscalización con 19 meses de retraso sobre el plazo legal establecido.

Los contrato correspondientes al ejercicio de 1987 sometidos a examen por el Tribunal de Cuentas son 1.525, por un importe total de 358.608 millones de pesetas. Corresponden a casi todos los departamentos ministeriales, excepto los de Industria, Justicia y Sanidad, que "no remitieron prácticamente ninguno".

El tribunal señala que más de la tercera parte del total de contratos analizados, concretamente 606, fueron realizados por adjudicación directa "lo cual resulta paradójico, dado su carácter siempre excepcionalpor las graves limitaciones que supone para el principio de concurrencia general". La inversión así adjudicada ascendió a 72.304 millones de pesetas.

La imposibilidad de promover concursos de adjudicación de obras fue invocada frecuentemente para los contratos de suministro, especialmente por el Ministerio de Defensa y la Dirección General de la Policía, alegando la existencia de un único proveedor.

En 1987, el Ministerio de Defensa adjudicó 173 contratos de suministros directamente, por un impore de 31.870 millones de pesetas, relativos a la adquisición de armamento, municiones, y otro material de guerra.

En dos contratos relativos al suministro de combustibles, lubrificantes y grasas en las Plazas de Ceuta, Melilla y el archipiélago canario, el servicio contratante reconoció, a instancias del tribunal, que sí existían otros proveedores, a los que no se había consultado.

Las explicaciones dadas para justificar esta irregularidad son insuficientes, ya que se afirma que el adjudicatario "ra el único que podía realizar el suministro en las condiciones especiales que requieren las Fuerzas Armadas", pero sin aclarar "cuales sean tales circunstancias ni las razones de la incapacidad de las restantes empresas".

RAREZAS TECNICAS

Por lo que se refiere a los contratos de asistencia técnica adjudicados directamente merecen destacarse, según el tribunal, el celebrado por el Comisario General de la Exposición Universal de Sevilla para la elaboración de un Plan General de Seguridad, por un impote de 60 millones de pesetas.

El tribunal señala que el objeto de la adjudicación "parece encontrarse íntimamente ligado con una de las funciones esenciales del Estado, por lo que debió encomendarse a los servicios competentes de la Administración".

Además, la invitación para presentar ofertas se dirigió a empresas que no tenían las condiciones exigidas, "salvo en el caso del adjudicatario, que presentó la oferta más elevada, suponiendo un incremento de 9 millones de pesetsa respecto de la ofertamedia del conjunto de licitadores".

Otro caso que el tribunal no considera claro es el de un contrato celebrado por el subsecretario de Economía y Hacienda para la "organización y racionalización de los métodos y procedimientos de la Dirección General del Patrimonio del Estado", por un importe de 132 millones de pesetas.

El tribunal señala que la adjudicación se justificó alegando que el mismo contratista había realizado el año anterior un estudio marco sobre las mismas materias, por un importe d 10 millones de pesetas.

Destaca, en consecuencia, lo elevado del importe del segundo contrato "tanto respecto del contrato antecedente que sirvió de base a su adjudicación, como en cuanto al periodo de su ejecución, ya que, formalizado el contrato el 15 de diciembre de 1987, fueron recibidos los estudios objeto del mismo el día 29 siguiente".

El tribunal subraya asimismo que no le han sido remitidos los cálculos realizados para la determinación de ese presupuesto a pesar de haberlo solicitado po escrito el 4 de abril de 1990.