Se trata de un informe de seguimiento que analiza el grado de cumplimiento de las recomendaciones que se establecieron en otros siete informes aprobados entre los años 2015 y 2020.

El informe señala como valoración global que existe un amplio margen de mejora en el grado de cumplimiento de las recomendaciones y además constata, que en el caso del ministerio de Hacienda y Función Pública el impulso de las mejoras ha sido limitado respecto a las recomendaciones establecidas en los informes de 2015, 2016 y 2017.

La fiscalización constata que se han producido avances en la gestión del Fondo de Financiación a entidades locales del Ministerio de Hacienda y Función Pública, aunque algunas de las recomendaciones no se han implementado.

El informe concluye que el sistema de seguimiento de programas presupuestarios en lo que afecta a los ministerios económicos mantiene sus debilidades y que sería conveniente abordar una mejora significativa, por cuanto sigue pendiente la normalización del contenido mínimo de las memorias presupuestarias, la revisión de los objetivos y de sus indicadores, así como la inclusión de un análisis de las causas de las desviaciones.

SALUD PÚBLICA

Respecto a las recomendaciones que se hicieron a la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad sobre el control sanitario del agua, el informe señala que se debe avanzar en la introducción de los cambios necesarios para que el sistema de información de piscinas sea utilizado de forma más generalizada o en la implantación de los sistemas automatizados en las aplicaciones informáticas que se utilizan para las tareas de control sanitario del agua.

Además, el informe pone de manifiesto que el Ministerio de Sanidad debería seguir trabajando en el desarrollo reglamentario de la gestión del Fondo de Garantía Asistencial destinado a dar cobertura a la asistencia sanitaria entre comunidades autónomas en desplazamientos de larga duración.

Respecto al seguimiento de las recomendaciones relativas al sistema de compensación de los gastos por asistencia sanitaria el informe concluye que el Ministerio de Sanidad no ha impulsado suficientemente la modificación de la normativa vigente con el fin de articular un mecanismo que contribuya a la igualdad de acceso a la prestación sanitaria en toda España, ni la armonización legislativa que garantice la atención ágil y eficaz de los pacientes de zonas limítrofes de comunidades autónomas.