El informe, al que ha tenido acceso Servimedia, constata numerosas irregularidades contables y anomalías legales cometidas por el PP. Entre ellas, menciona el incumplimiento de la obligación legal de abrir una centa corriente específica para las aportaciones de personas físicas o jurídicas.

En la cuenta de préstamos del pasivo de balance, el informe aprecia operaciones por valor de más de 377 millones de pesetas correspondientes a créditos que deberían haberse amortizado antes del final de 1987, y que no se hizo ese año ni en 1988, sin que la deuda con la entidad financiera correspondiente se haya incrementado con los intereses devengados y no pagados.

Las cuentas rendidas en este capítulo no incluyen tes créditos por un importe global de 148.700.000 pesetas, cuya amortización debería haberse producido con posterioridad al 31 de diciembre de 1988.

En la cuenta del balance "deudores diversos" que refleja las subvenciones pendientes de cobro por las elecciones de 1987 se constatan diferencias entre los importes contabilizados y las subvenciones efectivas otorgadas.

"Es preciso indicar la falta de un seguimiento contable de cada operación crediticia, constatándose que al cierre del ejercicio se ajstan los saldos contables a los respectivos extractos bancarios mediante un asiento global resuntivo de las diferencias observadas", afirma el informe.

El ponente del informe, el vocal propuesto por el PSOE Eliseo Fernández Centeno, asegura en las conclusiones del informe que el tribunal ha requerido al PP para que circularizase a cada una de las ocho entidades financieras que habían concedido dichos créditos, sin que por aquél se haya entregado al tribunal más que la documentación de una entidades, "misión contraria al deber de colaboración establecido en el artículo 30 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas".

El tribunal también denuncia que en determinadas retribuciones no se retiene el impuesto sobre la renta de las personas físicas ni la correspondiente cotización a la Seguridad Social.

"Asimismo", agrega el informe, "no se ha aportado justificación alguna respecto a los gastos de representación, si bien en las alegaciones se indica que son asignaciones para dietas y gastos e desplazamiento".

La fiscalización del PP concluye acusando a los responsables de este partido de "no haber entregado la documentación requerida ni durante el plazo señalado en los escritos del tribunal ni con posterioridad al mismo, sin que se haya podido constatar si dicho partido ha circularizado a las entidades financieras por cuanto tampoco se ha remitido por aquél al tribunal, ni entregado al equipo fiscalizador, la información que se intentaba obtener de aquellas entidades sobre los préstamos oncedidos al partido"

Este informe, así como los relativos a la fiscalización del resto de formaciones políticas españolas correspondientes a las cuentas de 1988, fueron aprobados por el pleno del tribunal el pasado 29 de enero. El PSOE estuvo exento de esta fiscalización, ya que sus cuentas correspondientes a ese año fueron investigadas en 1991 con motivo del "caso Filesa".

Los cinco consejeros del PP han presentado votos particulares contra la última fiscalización a los partidos realizada por Frnández Centeno, por considerar que se han aplicado métodos distintos a los empleados con la fiscalización hecha al PSOE por el "caso Filesa".

El presidente del tribunal, Adolfo Carretero, presentará estos informes a mediados del próximo mes de marzo ante la Comisión Mixta Congreso Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. El tribunal ya ha hecho llegar los informes a lo largo de esta semana a los grupos parlamentarios.

En la próxima sesión de la comisión mixta, Carretero también expicará el informe aprobado por el tribunal sobre la Cuenta General del Estado de 1989 y el informe sobre las subvenciones a los partidos por las últimas elecciones autonómicas.

Por otra parte, fuentes del tribunal aseguraron hoy a Servimedia que la próxima semana se celebrará con toda probabilidad el pleno extraordinario solicitado por los consejeros socialistas del tribunal, para que se estudie el malestar del PP por la fiscalización de las cuentas de 1989 que se ha hecho recientemtente en su sede.

Los vocales propuestos por el PSOE también quieren que el pleno determine de forma definitiva los mecanismos de actuación a seguir en la fiscalización de los partidos.