El órgano fiscalizador había rechazado ese aval respaldado por el Gobierno catalán el pasado mes octubre de acuerdo con el criterio de la instructora del procedimiento, Esperanza García Moreno. Entre ese momento y el actual se ha producido la renovación de la composición del Tribunal de Cuentas gracias al acuerdo entre PSOE y PP, que ha convertido en mayoritario al sector progresista.

En junio pasado, el Ejecutivo catalán creó un fondo de riesgos respaldado por la Generalitat con el objetivo de cubrir las fianzas de los acusados por el ‘procés’ ante el Tribunal de Cuentas por posible responsabilidad contable, lo que evitaría a los líderes independentistas hacer frente con sus bienes a las posibles sanciones.

La instructora no admitió los avales y la Abogacía General del Estado no se pronunció expresamente sobre la legalidad de esta maniobra. Además, el abogado del Estado ante el Tribunal de Cuentas, Rafael García Monteys, y la máxima responsable del cuerpo jurídico, Consuelo Castro, aseguraron que incurrirían en “conflicto de intereses” si actuaba como parte del proceso y como órgano consultivo.

Entre los dirigentes del ‘procés’ que se podían ver afectados figuran los nombres de los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras; los exconsellers Andreu Mas-Colell, Raül Romeva y Francesc Homs; y la exinterventora Mireia Vidal.