La sentencia recuerda que, la tarde anterior, el delegado del Gobierno anunció ante los medios de comunicación que las investigaciones estaban muy avanzadas y, por lo tanto, en las horas siguientes iba a identificarse y detener a los autores de la supuesta agresión al entonces ministro de Defensa, José Bono.

El tribunal asegura en la sentencia que "no tiene elementos para entender que la conducta de los acusados en orden a las detenciones analizadas fuesen sugeridas por instancias superiores a ellos".

Sin embargo, manifiesta la "leve sospecha" de que los augurios del delegado del Gobierno, Constantino Méndez, anunciando que pronto habría identificaciones y detenciones "pudieron haber influido" en el proceder de los dos agentes ahora condenados por un delito de detención ilegal.

El presidente del tribunal, el magistrado Miguel Hidalgo, aduce que tanto el comisario como el inspector jefe condenados "se olvidaron que son Policía Judicial, sirvieron a fines o criterios que son contrarios a la justicia que propugna un Estado de Derecho e hicieron ciertas las afirmaciones del señor delegado del Gobierno en Madrid, 'practicando identificaciones y detenciones'".

Por lo tanto, llega a la conclusión de que la detención de los dos militantes del Partido Popular Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz fue "ilegal", por lo que "huelga plantearse si fueron respetadas las garantías que tiene todo detenido, pues, pura y simplemente, no debieron practicarse tales detenciones".