Según trasladaron este martes fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, es una “buena noticia” que el Tribunal Constitucional avale la Ley de Vivienda, aprobada el año pasado gracias al apoyo de ERC y EH Bildu y que introdujo por primera vez la regulación del precio de los alquileres en una norma ordinaria estatal.

La sentencia conocida “refrenda la competencia del Estado a la hora de garantizar una vivienda asequible y digna”, señalaron estas fuentes, que aseguraron que este texto se ampara en el deber que impone la Constitución al Estado en el art. 149.1.1 de garantizar la igualdad e en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de las obligaciones de todos los españoles y españolas.

Acerca del cuestionamiento a los artículos 16 y 27 de la ley de vivienda, Vivienda apunta que el hecho de que se “corrijan” determinados aspectos “no elimina un elemento esencial y es que esta Ley, en palabras del propio Constitucional, es un texto no solo necesario sino imprescindible”. Estos artículos abordan respectivamente la cuestión de la vivienda protegida y el concepto, finalidad y financiación de los parques públicos de vivienda.

Estas fuentes señalaron que la existencia de esta ley es la “reivindicación” de la “competencia del Estado dentro del marco constitucional, de su capacidad de actuar en esta materia”. Es decir, el Estado “debe reservarse un papel relevante a la hora de regular el acceso a la vivienda”.