En el recurso, presentado el pasado 22 de octubre, el PP afirma que el decreto supone una violación del principio de seguridad jurídica y que no había una necesidad urgente que justificase la promulgación de esta normapor una vía distinta a la de una ley o los Presupuestos del Estado.

A su juicio, si el aumento de reacudación como consecuencia de las tarifas no se va a producir hasta junio del 93 y, por tanto, no hay urgencia, por lo que estima que el Ejecutivo ha conculcado el artículo 86.1 de la Constitución, refernte al principio de seguridad jurídica.

El decreto recurrido subió las tarifas del IRPF a partir del pasado día 1 de agosto y traspasó a las empresas el pago de los primeros quince días de la Incapcidad Laboral Transitoria (ILT).

El responsable del área jurídica del PP, Federico Trillo, afirmó tras presentar el recurso que si el alto tribunal les da la razón pedirán al Estado que devuelva todo lo que haya cobrado de más en el IRPF y lo que les haya hecho pagar a las empresas en la ILT.