En una resolución fechada el pasado 15 de febrero, a la que ha tenido acceso Servimedia, el Tribunal de la Competencia considera probado que esta organización patrona remitió en 1990 una circular a sus afiliados en las que formulaba una recomendación de subida de tarifas del 12 por cien en términos generales, y de un 10 por cien para el lavado y engrase de vehículos.

En el momento de formular estas recomendaciones, el Gremio contaba con 1.145 asociados, lo que suponía una cifra superior al 50 por ciento de los garajes registrados en la provincia de Barcelona.

La resolución da también un varapalo al Ayuntamiento de Barcelona, que se asoció posteriormente al Grmio, al rechazar las consideraciones que formula en un documento que remitió al tribunal en la tramitación del expediente sancionador.

"Pese a las declaraciones de intenciones del Ayuntamiento en relación a su interés para moderar las tarifas, en el expediente hay evidencia de una interpretación distinta a la misma realidad", señala la resolución.

De hecho, añade, "el propio Gremio consideraba que el Ayuntamiento estimulaba los incrementos de tarifas al aplicar elevadas tasas de crecimiento de la mismas en la zona del aparcamiento de superficie".

"Ademas", agrega el tribunal, "el Ayuntamiento ha incurrido en una práctica reiteradamente denunciada por este tribunal, a saber: tras su incorporación al Gremio, el Ayuntamiento de Barcelona, que actúa como regulador al tener responsabilidades sobre la circulación y tráfico de vehículos, pierde su independencia, con los consiguientes efectos sobre la actividad regulada".

A este respecto, la resolución señala en otro pasaje la satisfacción con qe el Gremio recibió las intenciones de sumarse a él por parte la Sociedad Municipal de Aparcamientos. Cita como prueba el acta del Gremio correspondiente a la reunión de la Junta directiva del 3 de diciembre de 1991, en la que la organización empresarial destacó "la ventaja que incorporándolo a nosotros puede ser un buen valedor en el Ayuntamiento".

El Tribunal de la Competencia señala que el efecto perjudicial para los usuarios de estas prácticas exigiría una sanción de mayor cuantía a la aplicada, pro que ha preferido "imponer prudencialmente una multa de dos millones" en atención a que cesó en su comportamiento tras la denuncia, que fue formulada por la Unión de Consumidores de España (UCE).

No obstante, condena también a la organización empresarial a publicar a su costa la resolución sancionadora en el Boletín Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia de Barcelona.