Dichas tarifas máximas afectan a servicios usados frecuentemente por los clientes, como el descuento de efectos coerciales, cobro de cheques, domiciliaciones, tratamiento de letras y venta de divisas, entre otros.

Las entidades incluidas en la investigación como supuestas autoras de estas prácticas destinadas a eludir la competencia en la fijación de tarifas son el Banco Central Hispano, BBV, Santander, Banesto, Popular y Exterior.

El tribunal rechazó los recursos interpuestos por estas entidades y por la Asociación Española de Banca Privada (AEB), que pidieron el archivo de las actuaciones por entender que os investigadores de la Dirección de Defensa de la Competencia habían obtenido pruebas de manera ilegal.

Los bancos avalaron su petición en una resolución del Tribunal de Justicia de la CE, dictada a petición del propio Tribunal de la Competencia, que puso objeciones a la manera en que habían sido obtenidas algunas de las pruebas.

El Tribunal de la Competencia decidió mantener abierta la investigación, aunque renunció a las pruebas obtenidas por sus investigadores mediante la argucia de abrir varas cuentas en distintas entidades y realizar las mismas operaciones en ellas para comprobar si las comisiones aplicadas eran idénticas.

Este organismo, dependiente del Ministerio de Economía, llevará hasta el final la investigación en lo que se refiere a un posible pacto para la fijación de tarifas máximas por sus servicios, tras comprobar la reiterada coincidencia de los importes comunicados al Banco de España.

INVOCARON LA CONSTITUCION

El tribunal ha desechado las argumentaciones de los banco, que invocaron en su defensa varios artículos de la Constitución, entre ellos el 14 (igualdad ante la ley), el 17 (libertad y seguridad) y 24 (derecho a la tutela judicial efectiva).

A su juicio, es "exagerada" la pretensión de los bancos de que la irregularidad en la obtención de unas pruebas conduzca a la anulación de todo el expediente.

La fijación de tarifas máximas para eludir la competencia puede ser sancionada con multas de hasta el 30 por ciento del volumen de dinero afectado por la prácica, según las fuentes del Tribunal de la Competencia consultadas. Las mismas fuentes indicaron que el caso podría estar ultimado en unos meses.