Estos tres vocales, que pertenecen a la mayoría conservadora del CGPJ, afirman que el abogado de Enrique Pociño eligió la vía penal, lo que implicaba acusar a los empresarios que contrataron al accidentado de un supuesto delito de lesiones por imprudencia.

En este sentido, señlan que lo que juzgó la Audiencia de Barcelona fue la responsabilidad criminal de los demandados, y no si el obrero tenía o no derecho a una indemnización económica. Pociño quedó tetrapléjico tras precipitarse por el hueco de una obra en la que estaba trabajando.

El titular de la Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona entendió que el trabajador "procedió a subirse a un caballete aceptando voluntariamente el riesgo de precipitarse al vacío", por lo que concluyó que el accidentado "omitió la más eemental norma de cuidado".

La sentencia revocó el fallo del Juzgado de lo Penal número 1 de Mataró, que condenó al empresario y al arquitecto de la obra a un año de prisión para cada uno y al pago de una indemnización para el trabajador de 380.000 euros.

Para los miembros del CGPJ, la sentencia no ha sido bien explicada por los medios de comunicación, ya que la Audiencia de Barcelona únicamente decidió que no existía responsabilidad criminal de los dos empresarios, "lo que no quiere decir que el rabajador no tenga derecho a una compensación económica por tratarse de un accidente laboral recurriendo a la vía civil o la laboral".

"Lamentamos que algún alto cargo del Estado critique esta resolución judicial sin haber hecho un estudio previo y detenido de su contenido, actitud que no ayuda a mantener el prestigio de la justicia española", concluye el comunicado.