El sindicato UGT, por su parte, considera la huelga "inconstitucional" y cree que "debilita" el Estado de Derecho, en cuanto a la tutela judicial efectiva, además de afectar a un poder del Estado.

En declaraciones a Servimedia, la secretaria federal de Administración General del Estado de UGT, Yolanda Palomo, reconoció "justas" las reivindicaciones del citado colectivo, pero hizo hincapié en que la huelga "no es el camino".

El responsable de los funcionarios de Justicia de CCOO, Javier Hernández, declaró a esta agencia que apoya las reivindicaciones de los jueces, porque en lo que se refiere a la mejora del servicio público sus demandas coinciden con las de su colectivo y porque llevan más de ocho años solicitando estas mejoras.

Hernández también defendió el derecho de los jueces a ir a la huelga, porque lo único que no les reconoce el ordenamiento jurídico es el derecho de sindicación, pero "no dice nada del derecho a la huelga".

El portavoz de CSI-CSIF, Juan Antonio Martín, apoyó sin reparos la decisión de los jueces de ir a la huelga. "Nos parece perfecto, porque nosotros ya hemos pasado por esa experiencia y con este ministro no hay otra", manifestó.

Por su parte, el portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Ramón Rodríguez, apoyó las reivindicaciones de los jueces y también su decisión de ir a la huelga.

No obstante, Rodríguez precisó que si los jueces y magistrados van a la huelga se les deberá descontar de su nómina la jornada de paro, "como a todos los trabajadores".