Según informó este jueves el Instituto Armado, se estima que hay un total de 150.000 personas afectadas a los que esta organización habría logrado estafar una cantidad cercana a los ocho millones de euros.

La investigación se inició en la localidad de Baeza (Jaén) tras la denuncia de un ciudadano que había sido estafado al solicitar un certificado de empadronamiento en una web, pagando una cantidad de dinero por una gestión que nunca recibió y que nunca fue realizada.

Las gestiones que se ofrecían en la página fraudulenta iban desde la expedición de certificados de empadronamiento, de delitos penales, vida laboral, tarjeta sanitaria europea, hasta trámites de número de identificación de extranjero, entre otros. Las cantidades abonadas por las personas que solicitaban dichos trámites oscilaban entre los 19 y los 89 euros por gestión.

A los detenidos se les atribuyen los delitos de estafa, intrusismo, usurpación de funciones públicas, blanqueo, apropiación indebida y pertenencia a organización criminal. El portal desmantelado fue creado emulando otras páginas oficiales de la administración, usando el mismo tipo de letra, rotulación oficial, logos y banderas.

DURANTE EL CONFINAMIENTO

Con esta apariencia de entidad pública, ofrecían la tramitación en línea de estas gestiones que en realidad son completamente gratis, pero que los detenidos reclamaban como una tasa fraudulenta. Los hechos se iniciaron durante el confinamiento de 2020 por la pandemia, para lo cual aprovecharon que los trámites en línea con las distintas administraciones se multiplicaron de manera exponencial.

Tras la explotación de la operación, se ha procedido a la intervención y bloqueo de un millón de euros en cuentas bancarias de la organización, 111 bienes inmuebles, así como 13 vehículos adquiridos con el dinero procedente de la actividad ilícita.

Un entramado de 35 empresas y sociedades estaban siendo utilizado a modo de pantalla para el blanqueo de los beneficios obtenidos con el fraude. Los arrestados realizaban multitud de transferencias bancarias entre ellas, pretendían dar apariencia de actividad real y legal, dificultando el rastreo del dinero.

A través de más de 400 cuentas bancarias de 18 entidades distintas, nacionales e internacionales, los agentes han detectado la evasión de aproximadamente 1,5 millones de euros con destino a cuentas bancarias de EEUU.