La Brigada Provincial de Extranjería y Documentación inició una investigación en torno a un grupo de ciudadanos rumanos que "colocaban" a inmigrantes rumanas en clubs de alterne para explotarlas en el ejercicio de la prostitución.

Una denuncia de una compatriota puso de manifiesto el funcionamiento de un club de Coslada, en el que varias inmigrantes ejercían la prostitución y el alterne. Los dueños del local se quedaban con el 50% de la cantidad percibida por mantener relaciones sexuales con clientes y de las consumiciones que las mujeres conseguían.

La inspección de la policía permitió identificar a las mujeres, que se encontraban en situación legal en España, pero que no tenían formalizado el contrato de trabajo con los dueños del club, por lo que estos últimos fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro relativo a la prostitución.

A Emilio F.R. le constan tres detenciones por delito contra los derechos de los trabajadores, mientras que a Avelina G.F. no le figuran antecedentes policiales.

Según la policía, paralelamente se estableció otro dispositivo policial en otro club de alterne también de Coslada, donde fue detenida su dueña, Hakima T, a la que le consta una detención anterior en esta misma localidad madrileña por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Este local, en el que fueron identificadas cinco mujeres que estaban en situación ilegal, funcionaba de manera similar al anterior. Las mujeres mantenían relaciones sexuales con los clientes por entre 55 y 65 euros por servicio, de los que la dueña se quedaba con 50 euros. Las copas y los servicios sexuales eran cobrados por la dueña, que al final de la "jornada laboral" entregaba la cantidad de dinero que correspondía a cada mujer.