Las investigaciones, desarrolladas en Valencia y Castellón, comenzaron a partir de ciertas irregulariddes detectadas por las Direcciones Provinciales de Valencia y Toledo de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Esas investigaciones pusieron de manifiesto que la citada cooperativa comenzó su actividad en enero de 2000 y su única actividad era dar de alta a socios trabajadores que se dedicaban a la venta ambulante en los mercadillos para que cotizaran en el Régimen General de la Seguridad Social.

Muchos de ellos cotizaban en el Régimen Especial de Trabajadores a Autónomos y las cantidades qe abonaban a la Seguridad Social eran superiores a las que les ofrecían los responsables de la cooperativa, quienes previo pago mensual de unos 60 euros les incluían en el Régimen General como trabajadores asociados de la cooperativa, con lo que conseguían además los permisos para trabajar como vendedores ambulantes.

Los trabajadores dados de alta no desarrollaron su actividad laboral para la cooperativa, ya que ésta no funcionaba como tal, no efectuaba compras en común, no había reparto de actividad,material, ni beneficio con los socios trabajadores, quienes funcionaban de forma autónoma en la práctica en las provincias de Castellón y Valencia.

Esto originó un presunto fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social, con quien la cooperativa tiene una deuda de 894.701 euros. La cooperativa podría haber incurrido en delito en los ejercicios de 2001, 2002 y 2003.