Según la policía, el fraude se realizó mediante la venta de diversas fincas propiedad de un príncipe saudí por parte del que fuera su representante y apoderado en España, valiéndose de unos poderes que ya no estaban vigentes debido al fallecimiento del citado miembro de la familia real saudí.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de una reclamación hecha por los herederos del príncipe saudí, al constatar que después de su fallecimiento, en el año 1993, alguna persona ajena a su familia vendió parte del importante patrimonio que el fallecido poseía en España.

El apoderado detenido se aprovechó de un poder notarial sin vigencia para vender dos mansiones en la avenida Pearson de Barcelona, dos castillos y sus bosques colindantes. El dinero obtenido con estas ventas fue utilizado por el apoderado para comprar valiosas propiedades que puso a nombre de su esposa y de su hijo.

Los detenidos son Agustín G.H., de 80 años; María Antonia R.T. de 55, y Agustín G.R., de 20, acusados de un presunto delito continuado de apropiación indebida y falsedad documental.