Este sindicato asegura también que el Gobierno vasco impone a estos cuerpos el requisito imprescindible de conocer el euskera para ocupar un puesto de trabajo en la oficina judicial.

La organización sindical anuncia que, de persistir esa política lingüístca y los intentos de desvertebrar los colectivos de profesionales de la justicia, "haremos un llamamiento a nivel nacional de una movilización en el ámbito de la Administración de Justicia, con el grave resultado que sería para los justiciables, y para el propio Estado de Derecho".