Su portavoz, el presidente de la Asociación pro Derechos Humanos, José Antonio Gimbernat, no ocultó la "sorpresa" que ha producido entre los colectivos integrantes de la plataforma la intervención de Gil-Robles en la modificación del proyectosu paso por el Senado, pero renunció a hacer una valoración "más crítica" con respecto a esa mediación.

"Solicitaremos que atienda nuestras razones, que nos parecen mejores que las razones que han llevado a esa transformación o cambio, que nos parece únicamente semántico porque no afecta a la profundidad de la ley. Esperamos ser escuchados y atendidos porque representamos a una parte muy importante de la sociedad civil", se limitó a decir.

Igualmente cauto se mostró el representante del CDS, el iputado Carlos Revilla. Este afirmó: "La gestión del Defensor del Pueblo no la podemos considerar finalizada. Es difícil pensar que pueda sentirse satisfecho con la operación de `cosmética' que se ha hecho en el Senado. Estaría entrando en contradicción con su planteamiento inicial y no queremos ir más lejos en nuestras apreciaciones".

Por su parte, el sindicalista de CCOO Agustín Moreno y el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, Nicolás Sartorius, organizaciones integradas en l plataforma junto con UGT y la Oficina del Defensor del Soldado, pusieron en duda que el Defensor del Pueblo tenga atribuciones para mediar políticamente con el objetivo de "suavizar" la "ley Corcuera".

Esta mediación dio como fruto que la semana pasada, en su debate en el Senado, el PSOE, PNV y Convergència i Unió (CiU) pactasen una nueva redacción para los polémicos artículos 20 y 21 del proyecto de ley, que hacen referencia respectivamente a la "retención" de indocumentados en comisaría hasta que san identificados y a la posibilidad de que la Policía entre en el domicilio de un narcotraficante sin mandamiento judicial.

Los nacionalistas catalanes y vascos consiguieron finalmente que el PSOE accediera a que la Policía asalte sin autorización el domicilio de un "camello" sólo cuando tenga "conocimiento fundado (redacción inicial)... que le lleve a la constancia (añadido)".

En una entrevista que publica hoy el diario "El Mundo", Gil-Robles deja claro que los términos "constancia" y "evidencia significan lo mismo: "Creo que debemos felicitarnos porque, finalmente, las cámaras han introducido un concepto similar o idéntico al de 'certeza', al de la 'evidencia' (física del delito). Me refiero al término 'constancia'. Creo que ahora podemos decir que ésta ya no es la ley de la patada en la puerta".

La función del Defensor del Pueblo, criticó esta mañana Agustín Moreno, es precisamente esa: defender al pueblo y no pactar con el ministro Corcuera en un ejercicio literario los contenidos de la Ly de Seguridad Ciudadana.

Moreno concluyó con una insinuación sobre la posibilidad de que su reelección (por las Cortes) sea la causa por la cual Gil-Robles ha mediado. "Confiamos", dijo, "en que se haga eco del informe jurídico que vamos a presentar y que, para nada, se pueda ver interferida su decisión por la renovación, en 1993, de la representación del Defensor del Pueblo".

MALA AUNQUE SEA CONSTITUCIONAL

En la rueda de prensa, Nicolás Sartorius llegó a afirmar que la "ley Corcuera" será "maa" aunque el Tribunal Constitucional sentencie a favor de las tesis del Gobierno en un supuesto recurso.

"Políticamente, hay leyes que entran dentro de la Constitución pero consideramos que son negativas", explicó.

Sartorius anunció que esta tarde mantendrá una entrevista con el secretario general del CDS, Antoni Fernández Teixidó, para sondear la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad.

No obstante, esta posibilidad es remota, según reconocieron fuentes de la coalición a término del encuentro informativo, puesto que ambas formaciones no suman 50 diputados o 50 senadores, cuyas firmas son necesarias para presentar un recurso de inconstitucionalidad. Para ello necesitarían el apoyo de otros grupos y ni siquiera con siete u ocho diputados o senadores del Grupo Mixto llegarían a sumar los 50.

Imposible esta vía y casi imposible convencer al Defensor del Pueblo, según reconocieron a Servimedia fuentes de "Ciudadanos por las libertades", para que presente recurso (está facltado por la Constitución), la plataforma iniciará en los próximos días una campaña para recoger 500.000 firmas de los ciudadanos, la última vía que le resta para recurrir la ley ante el Constitucional.

Además, está prevista la convocatoria de un acto público el día 1 de febrero, al que acudirán los dirigentes de todas las organizaciones integradas en la plataforma para denunciar la aprobación definitiva del texto en las Cortes.