De esta forma, un total de 434.784 alumnos y 29.032 trabajadores, entre personal docente, administrativo y laboral, pasarán a depender, a partir del próximo 1 de enero, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Se trata de la séptima comunidad del artículo 143 de la Constitución que asume las competencias educativas no universitarias y la decimocuarta si se incluyen las comunidades del artculo 151.