En un comunicado hecho público hoy, CTI dice que ha denunciado reiteradamente ante el consejo de administración y la alta dirección de la compañía que el Estado ha cometido varios incumplimietos en sus relaciones con la empresa y se ha ocasionado perjuicios a los accionistas.

La denunciante, que dce estar apoyada por otros accionistas minoritarios de Trasmediterranea, acusa al presidente de ésta, José Trías de Bes, de mantener una actitud pasiva ante sus denuncias.

Entre dichas denuncias figura la realización de cambios en los estatutos sin autorización de la Junta General, que conlleva la obligación de hacer una OPA que asegure el derecho de separación de los socios.

También se responsabiliza a la dirección de liquidar irregularmente subvenciones a la compañía en virtud de su contrato co el Estado, por importe de 20.000 millones de pesetas, y además se responsabiliza a la administración de retrasos continuados en los pagos y las liquidaciones sin intereses, debiendo el Estado más de 15.000 millones de pesetas, a fecha 31 de diciembre de 1996.

Igualmente, se acusa a los responsbales de la empresa de asumir la reducción unilateral de la prima de gestión del 8% al 1% de la facturación, provocando un quebranto para los ingresos de Trasmediterránea de 5.000 millones de pesetas.

Otrascríticas son la falta de una auditoría independiente de las cuentas del Estado y, por tanto, de la sociedad, falta de trasparencia sobre el futuro de la compañía y la finalización del actual contrato con el Estado en diciembre de 1997, y la presencia de accionistas extranjeros cuando existen limitaciones en los estatutos de la empresa y en el propio contrato con la administración.