Luis Terrafeta, presidente del Grupo Trasmediterránea, había anunciado recientemente la aplicación de un "ajuste duro" en la citada naviera, lo que provocó una reacción inmediata de los trabajadores.

l sindicato CCOO amenazó entonces con querellarse contra él, al sospechar una regulación de empleo, a su juicio, injustificada, ya que la compañía alcanzó una facturación en 1994 de 3.100 millones de pesetas, por encima de las ventas registradas en 1993, cuando se produjo la última regulación de empleo que afectó a 93 trabajadores, pasando de una plantilla de 116 a 19 empleados.

Conforme al plan de viabilidad que presentó el Grupo Trasmediterránea, el ejercicio de 1994 debería haber terminado con unosbeneficios estimados superiores a 30 millones de pesetas.

Al contrario de lo previsto, la situación económica empeoró desde entonces y CCOO denunció la existencia de un 'agujero' económico hacia el que se habría desviado la mayor parte del dinero facturado por Naviera Mallorquina a Trasmediterránea, con el objeto de paliar las pérdidas de esta última.

No obstante, la querella no llegó a presentarse formalmente, tras llegar a un acuerdo para paralizar las operaciones, sin que se haya precisado cuá será la próxima función de la compañía marítima mallorquina afectada.