Así lo trasladan fuentes del departamento dirigido en funciones por Raquel Sánchez a Servimedia, lo que contrasta con las 2.000 reclamaciones que la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) anunció en marzo que había presentado al Ministerio.

Transportes señala que estas reclamaciones continúan con sus trámites administrativos y ha habido por parte del Ministerio algunos requerimientos de información adicional a los propietarios. El siguiente paso sería el envío de un informe estimativo de respuesta al que se podrían presentar alegaciones, pero, en ningún caso, se trataría de una resolución.

Tras los requerimientos de información adicional, Asval, que cuenta con el apoyo de empresas del sector como Aedas, Iante, Neinor, Servihabitat, portales como Idealista y Fotocasa o la patronal de promotores inmobiliarios, ha recibido una “gran cantidad de consultas” y, por ello, ha decidido compartir un videotutorial para que sus asociados conozcan cómo deben actuar.

Así, en este vídeo se señala que todo reclamante debe presentar una declaración expresa de la solicitud, el contrato de arrendamiento, la notificación de la actualización de la renta a los inquilinos y un documento que acredite el importe de la indemnización solicitada. Además, se informa de que se disponen de 10 días hábiles para responder al Ministerio y el canal para hacerlo, en función de si se trata de una persona física o jurídica.

LÍMITE DEL 2%

El Gobierno aprobó un real decreto en marzo de 2022 para dar respuesta a los efectos de la guerra en Ucrania e incluyó en la norma una limitación del 2% a las subidas de los alquileres, que hasta entonces habían estado sujetas al IPC, que en ese momento se situaba en el 9,8%.

La limitación ha estado vigente durante más de un año, y, con la aprobación de la Ley de Vivienda ha sido introducida en el ordenamiento jurídico de manera definitiva. El texto aprobado por las Cortes el pasado mes de mayo estipuló que las subidas quedaban limitadas al 2% durante todo 2023, al 3% en 2024 y, a partir de 2025, a un nuevo índice que el INE debe elaborar y que será inferior al IPC.

Asval, que preside el exministro socialista, Joan Clos, criticó que la medida no establecía compensaciones “para los más de dos millones de pequeños propietarios que hay en España” y era “contraria a lo que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que permite que los alquileres se actualicen con el IPC”.

Según la asociación, esta actualización “ayuda a los pequeños propietarios a proteger su nivel de vida, amortiguar la crisis y completar su salario o su pensión”. Además, recordó que los propietarios “deben asumir gastos derivados de la mejora de sus inmuebles, que continúan su escalada de precios”.

Asval calculó que, durante el tiempo que estará vigente la limitación del 2%, cada propietario perderá 2.000 euros de media por vivienda alquilada. La asociación criticó que la medida genera “una gran inseguridad jurídica en el mercado y reduce la inversión en vivienda en alquiler”, lo que provoca que los propietarios “retiren sus inmuebles del mercado”.