La campaña tiene como objetivo exigir al Gobierno una moratoria a los cultivos transgénicos en España mientras no se efectúen estudios independientes sobre los efectos en la salud humana de estos alimentos, y u impacto en el medio ambiente a corto y largo plazo.

Asimismo, reclaman que todos los alimentos que contengan sustancias modificadas genéticamente lo especifiquen en el etiquetado.

Aunque la UE impuso hace unos meses una moratoria "de facto" a la concesión de nuevas autorizaciones, esta decisión no afecta a los cultivos ya existentes.

España es el país de la UE que cuenta con más superficie cultivada de semillas transgénicas, con cerca de 20.000 hectáreas de máiz modificado de la multinacioal Novartis, mientras que en Francia hay 5.000 hectáreas y en Alemania apenas 500.

Ricardo Aguilar, portavoz de Greenpeace, declaró que España puede convertirse en "el coladero de estos productos", ya que aseguró que la mayor parte de las exportaciones de maíz y soja modificados genéticamente procedentes de EEUU y Canadá entran a Europa por puertos españoles.

Asunción Molina, miembro de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, justificó el apoyo de esta organización a la campaña contra los ransgénicos aludiendo a los riesgos que entrañan estos cultivos para la agricultura ecológica.

Molina destacó el riesgo de que los organismos modificados genéticamente invadan los cultivos ecológicos, ya que afirmó gráficamente que "al campo no se le pueden poner barreras".

El inicio de la campaña de recogida de firmas en España coincide con la celebración de la reunión de Viena (Austria) para consensuar un Protocolo de Bioseguridad que se aplique a nivel mundial.

Las ONGs denunciaron la labr obstaculizadora que está realizando el denominado Grupo de Miami en la reunión de Viena. Este grupo, integrado por EEUU, Canadá, Australia, Argentina, Chile y Uruguay, se opone a la imposición de trabas en el comercio de transgénicos y defienden las patentes sobre estos organismos.