La reunión se celebró en el inisterio para las Administraciones Públicas y durante la misma se repartió un informe, según el cual desde las elecciones municipales de junio del 99 se han presentado en toda España 54 mociones de censura, pero sólo 15 se debieron a casos de transfuguismo. En toda la legislatura municipal pasada (1995-99) se debatieron 99 mociones de censura.

El ministro, Jesús Posada, resaltó al final de la reunión que la sola firma del pacto ha supuesto un efecto "disuasorio" para frenar el fenómeno del transfuguimo y aseguró que los casos que se dan hoy en día son sólo un tercio de los que ocurrían en la legislatura municipal pasada.

De hecho, destacó que el problema empieza a ser un fenómeno rural: 12 de los 15 casos se han dado en pueblos de menos de 5.000 habitantes, donde las relaciones personales entre los concejales importan tanto como la lealtad a las siglas de los partidos. Los otros tres se dieron en Villanueva del Río y Minas (Sevilla), Pinoso (Alicante) y Chiva (Alicante).

Todos los partidos hn mostrado alto grado de satisfacción con los resultados del pacto, si bien se ha desatado la polémica entre Iniciativa per Catalunya y el PSOE por el caso del alcalde de Tortosa y senador de Entessa de las Esquerras, Joan Sabaté, que se ha pasado de IC al PSC.

POLEMICA PSOE-IC

Los socialistas, en palabras de Alvaro Cuesta, entienden que como Sabaté ha pasado de IC al PSC, no se ha dado transfuguismo porque "el compromiso ante los electores lo contrae la coalición electoral" Entessa, en la que estánambas formaciones.

Frente a esta tesis, el representante de IC en la Comisión de Seguimiento del Pacto contra el Transfuguismo, Jaume Bosch, calificó de "grave" lo sucedido y propuso una comisión que evalúe con más periodicidad los casos, porque no es suficiente con que los partidos se reúnan, como hoy, entre largos períodos sin reuniones. El ministro se comprometió a estudiar la propuesta, dijo Bosch.

Durante la reunión se ha vuelto a retomar la idea de frenar legalmente el transfuguismo, difíci de llevar a cabo porque la Constitución y la Ley Electoral dejan claro que los votantes otorgan mandato al cargo y no a la sigla política.

Un informe jurídico del Ministerio para las Administraciones Públicas presentado hoy por Posada propone, "con las debidas cautelas", estudiar la limitación de los derechos del concejal tránsfuga cuando se pasa al Grupo Mixto de la corporación; una limitación que no afectaría a sus derechos políticos y sí a los repartos de tiempo y otros de tipo organizativo del grpo.

No obstante, el propio autor del informe, el subdirector general de Cooperación y Régimen Jurídico Local, duda de la efectividad de la medida y concluye que "la vía realmente efectiva para luchar contra el transfuguismo se halla, efectivamente, en el terreno de la política", en el compromiso de los partidos de no usar tránsfugas para hacerse con el poder.