Esta nueva ley, que pone en práctica la primera parte de los acuerdos autonómicos suscritos por el Gobierno, el PSOE y el PP, "convierten a España", en opinión del ministro de las Administraciones Públicas, Juan Manuel Eguiagaray, "en uno de los Estados más descentralizados de Europa".

Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares Madrid y Castilla-Len podrán dictar, de manera exclusiva, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran íntegramente por el ámbito territorial de la comunidad autónoma.

Asimismo, este proyecto de ley establece competencias para estas CCAA en materia de industria e instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, mientras no afecte a otra comunidad y perjudique lo establecido por las leyes del Estado.

En el ámbito cultural, estas regiones podrán tomar dcisiones en relación a fundaciones, espectáculos públicos, casinos, juegos y apuestas con exclusión de las Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas.

Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Madrid y Castilla-León desarrollar y ejecutar sobre el régimen minero y energético y corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales.

Además, el Gobierno central transferirá a estas CCAA competencias en temas de defensa el consumidor, normas adicionales sobre protección del medio ambiente y en materia de prensa, radio, televisión y otros medios de comunicación.

Por otra parte, las mismas CCAA ejecutarán la legislación del Estado sobre gestión de museos, archivos y biliotecas de tituralidad estatal, sobre servicios sociales del Instituto Nacional de Asuntos Sociales (INSERSO),asociaciones y ferias internacionales.

La Administración central cederá sus poderes a Baleares en materia de instituciones públicas de protcción y tutela de menores, así como el transporte marítimo que se lleven a cabo exclusivamente entre puertos o puntos de las islas.

Castilla-León tiene plenas competencias sobre desarrollo legislativo y ejecución sobre denominaciones de origen, en colaboración con el Estado.

Asturias, Cantabria, Murcia y Baleares recibirán poderes plenos en materia legislativa pesquera y de ejecución en materia de salvamento marítimo.