El documento destaca los casos de Sierra Leona y Angola, y acusa a algunas naciones occidentales, fundamenalmente a Bélgica, de traficar y vender piedras preciosas procedentes del contrabando de estos países.

Según el informe, funcionarios del Gobierno belga ocultaron durante años que muchos de los diamantes eran comercializados como si procedieran de Liberia, cuando en realidad su origen era Sierra Leona.

Ian Smillie, coautor del estudio, mantiene que "nunca habráun paz duradera en Sierra Leona hasta que la industria del diamante en su conjunto esté adecuadamente gestionada".

Los autores aseguran que al comienzo de la guerra en Sierra Leona los rebeldes contaban con 500 combatientes, pero esta cifra aumento hasta 20.000 tras hacerse con el control de las minas de diamantes.

Respecto a Angola, el informe indica que la guerrilla ha obtenido más de 600.000 millones de pesetas de ingresos desde 1992 gracias a este comercio.

El documento responsabiliza deesta situación al Alto Consejo de Diamantes belga, con sede en Amberes, y a la industria del diamante, fundamentalmente a la compañía más importante del sector, De Beers, a la que acusa de comerciar con piedras procedentes de países en guerra.