La principa novedad incluida por el Gobierno en la reforma de la cartilla agraria es que deberá ser firmada por los empresarios al comienzo de la relación laboral, a fin de evitar los supuestos abusos de que pueden ser objeto los jornaleros con el actual sistema, que sólo obliga a los contratadores a firmar cuando concluyen las labores.

La propuesta de reforma de la cartilla agraria se enmarca en el desarrollo del acuerdo general sobre el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) alcanzado por el Gbierno y los sindicatos en febrero del pasado año.

Además, UGT y CCOO piden que en la modificación de la cartilla se establezca la obligatoriedad de que conste la cuantía económica a percibir durante la contratación y el período de duración de ésta.

En la reunión de mañana, los responsables del ministerio y de los sindicatos analizarán también la formación ocupacional y la creación de un grupo de trabajo para el estudio de la reforma del REASS, que, según UGT y CCOO, son dos de los acuerdos incumlidos por el Ejecutivo.

En cuanto a los planes de formación ocupacional, el acuerdo alcanzado el año pasado establecía la necesidad de garantizar un curso para cada trabajador eventual con menos de 25 años durante un mínimo de 250 horas lectivas y con una remuneración equivalente al Salario Mínimo Interprofesional.

Por otra parte, el Ministerio de Trabajo ha remitido al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación una orden que regulará los consejos comarcales del Inem, lo que posibilitar a los agentes sociales participar en las funciones de análisis, propuesta y evaluación de programas de empleo, formación y protección social.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Empleo Rural para 1991, a través del cual se destinarán 127.000 millones de pesetas para planes de inversión en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.