Esta decisión, tomada en el Consejo de Ministros celebrado hoy, refrenda el acuerdo al que llegaron las comunidades autónomas, con la oposición de Andalucía en la conferencia sectorial de empleo celebrada hace un mes, es la que se negoció el reparto del dinero que Trabajo destina a políticas activas de empleo.

Así, del total de 168.000 millones, 164.489 son para programas de empleo, 1.667 para crear empleo directamente en en cooperativas y sociedades laborales y 1.500 millones para ayudas previas a jubilación ordinaria en el sistema de Seguridad Social.

La distribución por comunidades autónomas se ha realizado en función del porcentaje de desempleads de cada una de ellas, teniendo en cuenta dos baremos de reparto: el número de desempleados que cobran desempleo y los demandantes de empleo que no cobran paro. El 60 por ciento del dinero será para los primeros, y el 40 por ciento restante, para los segundos.

En este sentido, Andalucía propugnaba que este reparto se otorgara por partes iguales a todos los parados, independientemente de su situación, por lo que se opuso a este reparto, acusando a Cataluña de obligar al Gobierno a mantener un sistema e reparto del que se benefician principalmente los catalanes, que tienen buena cobertura por desempleo.

Para repartir el dinero, hay que tener en cuenta además que no todas las comunidades tienen el mismo nivel de transferencias de políticas, ya que, por ejemplo, Valencia, Galicia y Cataluña tienen todas las competencias.

Teniendo en cuenta todo esto, Cataluña es la comunidad que más dinero recibe, con 34.921 millones de pesetas, lo que significa el 20,83 por ciento de todo lo repartido. Le sigue Valencia (29.228 millones), Andalucía (28.158), Galicia (22.807) y Madrid (16.709).

El resto se reparte entre Aragón (3.746 millones), Baleares (1.880), Canarias (6.424), Cantabria (1.916), Castilla y León (7.716), Castilla-La Mancha (5.330), Extremadura (4.197), Murcia (1.004) y La Rioja (793). Por su parte, Asturias, Navarra, País Vasco, y Ceuta y Melilla no reciben este dinero al no tener ninguna competencia de empleo o mantener un sistema de cupo.

El Gobierno destinará durante 1998 un total e 700.000 millones de pesetas a políticas activas de empleo: 300.000 millones se destinarán a bonificaciones empresariales a la contratación, 100.000 millones a la formación y el resto para impulsar el empleo con otras medidas, entre las que están la transferencia de este dinero a las comunidades autónomas.