Así lo explicó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras reunirse nuevamente con los sindicatos y la patronal, con el fin de seguir negociando la reducción de la jornada laboral, un diálogo en el que hasta ahora, las posiciones de Trabajo, CCOO, y UGT están muy próximas entre sí pero, en cambio, muy distantes de la CEOE y de Cepyme.

El ‘número dos’ de Yolanda Díaz en Trabajo subrayó que esta medida de mayor flexibilidad para las empresas es “muy razonable” y consiste en que, mientras se aplica la reducción de jornada a 37,5 horas, es decir, durante el año 2025, las empresas puedan distribuir irregularmente su jornada. La ley ya permite que la jornada varíe en un 10% para atender las necesidades del servicio y, con esta propuesta, mientras entra en vigor la reducción del tiempo de trabajo, se aplicará ese 10% a las 40 horas actuales y no a las 37,5 que resultarían de la nueva jornada máxima.

“El 10% del que ahora habla la ley de distribución irregular quedaría referido a la jornada que tuvieran esas empresas a la entrada en vigor de la norma y no a la nueva jornada reducida. Eso da un mayor margen en las jornadas irregulares que entendemos que puede ser útiles para que las empresas puedan ir cuanto antes al módulo nuevo de las 37 horas y media”, concretó.

AUMENTO DE SANCIONES

Por otra parte, el secretario de Estado informó de que el nuevo texto recoge “un agravante para aquellas infracciones relacionadas con el tiempo de trabajo que pueden provocar daños a la salud” de los trabajadores. A su juicio, “el problema de la jornada no es sólo ganar bienestar, es que las jornadas excesivas, las jornadas desproporcionadas, el trabajo de sol a sol mata”.

“Y lo vemos cuando hay circunstancias climáticas adversas, pero también lo vemos cuando produce el agotamiento derivado de jornadas excesivas en ámbitos como el transporte o en ámbitos donde hay trabajos delicados desde el punto de vista de la integridad personal de las personas que lo llevan a cabo”, agregó el secretario de Estado.

En su intervención, Pérez Rey señaló que la vocación del Ministerio es alcanzar un acuerdo “que incluya también a la patronal y hace esfuerzos semana a semana” para que esto sea posible, porque no hay ningún motivo para que no suceda ante una rebaja de la jornada laboral “tan moderada” como la que se plantea.

Tras semanas de aumento de la tensión con la CEOE y Cepyme, el secretario de Estado valoró positivamente que la patronal haya planteado en esta reunión propuestas más concretas que se estudiarán, salvo “elementos que podríamos considerar del todo desproporcionados y que obviamente la propia patronal sabe que no podemos llevar a cabo”.

“Pensar en una reducción de jornada que no entrara en vigor básicamente hasta el año 2030, es una propuesta que carece de sentido y que obviamente se mueve en una estrategia negociadora”, declaró Pérez Rey, quien aclaró que la patronal no es que haya propuesto esta fecha, sino que esta podría resultar en algunos casos si no se aplica la jornada laboral hasta que se vayan renovando todos los convenios colectivos del país.

“Hoy se ha asistido a una mayor concreción de las propuestas que la patronal ha puesto encima de la mesa. La patronal ha dicho claramente que quieren medidas de flexibilidad que no sean puramente episódicas, que no sean temporales, medidas de flexibilidad que permitan una mayor distribución y una mayor flexibilidad en el uso del tiempo de trabajo por parte de las empresas una vez reducida la jornada a 37 horas y media y ha pedido un mayor margen transitorio de adaptación para las 37 horas y media”, agradeció Pérez Rey.

Precisamente, en aras de este acuerdo, sostuvo que no se fija plazos concretos para cerrar la mesa, algo que sí realizaba él mismo y los sindicatos hasta hace poco, cuando denunciaban que CEOE no realizaba propuestas en la mesa. Estas partes apuntaban que se debería cerrar la mesa antes de las vacaciones del verano. Ahora, sin decir explícitamente en que se puede ir más allá de julio, el secretario de Estado no ha fijado un tope temporal concreto, aunque precisó que su objetivo es que la medida se pueda aprobar “cuanto antes” y cumpliendo el compromiso del Gobierno de coalición.