Según informó hoy el CES, la modificación legislativa pretende paliar la incompaibilidad de la normativa comunitaria con la norma española relativa a los derechos de las familias numerosas en referencia a trabajadores comunitarios que trabajan en España y su residencia está fuera.

La actual legislación equipara los derechos a las prestaciones por familia numerosa (educación y transporte) de los ciudadanos comunitarios con los españoles, pero sólo si residen en España. La desigualdad se produce con los comunitarios fronterizos que pasan diariamente a trabajar a España.

Aunquelos afectados son un número muy limitado, la Comisión Europea ha urgido al Gobierno español para que resuelva esta incompatibilidad normativa.

El pleno del Consejo Económico y Social tiene previsto aprobar el dictamen en su próxima reunión ordinaria, cuya celebración está prevista para el 17 de febrero.