Así lo anunció el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quien detalló que las ayudas directas irían encaminadas a “estimular” la productividad, a fin de compensar la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, como incorporó Sumar en el acuerdo de Gobierno de coalición con el PSOE.

Las ayudas podrían alcanzar hasta 6.000 euros por empresas de menos de cinco trabajadores en el comercio, la hostelería, las peluquerías, la limpieza y la agricultura. Según los cálculos de Trabajo, esta medida podría beneficiar hasta a 470.000 empresas y contarían con una dotación presupuestaria de entre 350 y 375 millones de euros.

Asimismo, señaló que estas subvenciones fomentarán la digitalización de estas microempresas y las acompañarán para abrir “nuevos modelos de negocio como el comercio a distancia” o incluso servirán para poder digitalizar sus sistemas de registro horario.

Pérez Rey recordó que esta es la reunión número 13 que se celebra en el Ministerio durante más de nueve meses de negociación. “13 reuniones después, 10 meses después, el Gobierno hace su última propuesta”, añadió el secretario de Estado, que incidió en que el “perímetro de la negociación” ya está cerrado.

Las ayudas directas a empresas se suman al plan de acompañamiento presentado en semanas anteriores con bonificaciones para la contratación de un empleado en pequeñas empresas (de menos de 10 trabajadores) cuando ello responda a la aplicación de la reducción de la jornada laboral. Beneficiaría, según las previsiones de Trabajo, a unas 80.000 empresas y supondría la creación de unos 60.000 empleos a tiempo completo.

Además, en la mesa de negociación se trabaja, junto a la reducción de la jornada, en la mejora del registro horario y que este sea digital y accesible para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), así como en el endurecimiento de las sanciones cuando la vulneración del tiempo de trabajo ponga en riesgo la salud de los empleados. También se aborda la regulación del derecho a la desconexión digital para que se recoja en los convenios colectivos.

AÑOS 80

Sobre la actitud de la patronal, el secretario de Estado lamentó que 10 meses después siga sin hacer propuestas y sin mover su posición y resaltó que en la mesa plantean argumentos que suenan como en “los años 80”. Por ello, apremió a la parte empresarial a valorar todo el paquete de medidas propuesto y no hacer “política” en función de qué partidos ocupan el Gobierno.

En su intervención, reconoció que ante los plazos actuales “será muy difícil” que haya un “escalón intermedio” en la reducción de la jornada laboral. Se refirió así a la propuesta del acuerdo de Gobierno que planteaba que este año se implantaran 38,5 horas y en 2025 las 37,5 horas.

“Intentaremos hacerlo lo antes posible”, indicó el ‘número dos’ de Yolanda Díaz, quien se mostró sabedor de que tras la aprobación en Consejo de Ministros de la medida se debe proceder después a la tramitación parlamentaria.

Por este motivo, dijo que “este es el tiempo final, la recta final” de una mesa de negociación “que ya ha recorrido todo el camino posible” y que “no necesita” seguir abierta. “Con sí o con no, el Gobierno cumplirá estrictamente con el compromiso que tiene con la ciudadanía”, apuntaló.

Igualmente, mostró “confianza” en que reducir la jornada es “nítidamente positiva”, tanto con ayudas como sin ellas, porque mejorará la productividad e incluso la salud laboral.

TIENE QUE ACTUAR

Del lado de los sindicatos, el vicesecretario de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, criticó el “bloqueo” que está ocasionando la patronal a la mesa de negociación y advirtió de que no es admisible que se realicen en España más de seis millones de horas extra semanales.

“El Gobierno tiene que actuar”, prosiguió Luján, quien defendió reducir la jornada laboral por ley más allá del avance de la negociación colectiva, pues ha habido sectores que no han logrado reducir la jornada.

Por su parte, el secretario de Estudios de CCOO, Carlos Gutiérrez, advirtió de que su sindicato va a valorar la propuesta del Gobierno “si hay acuerdo tripartito”, pues si no lo hay, se debe aprobar la rebaja de la jornada poniéndola en marcha “sin ningún decalaje” y sin concesiones a la parte que no accede al pacto. “Toca finalizar, acabar con este permanente intento de captación de todos los consensos, cuando estamos viendo que desgraciadamente no son posibles”, aseveró.

De no haber acuerdo con CEOE, aclaró que “no se trata de no querer ningún tipo de ayuda”, sino que habría que ver qué plantea el Ejecutivo si solo es posible un pacto bipartito con CCOO y UGT.

Ambos representantes sindicales coincidieron en poner de relieve la necesidad de mejorar el control de jornada, incrementar las sanciones por incumplimientos y garantizar el derecho a la desconexión digital.

Finalmente, fuentes de CEOE trasladaron a Servimedia que su postura sigue siendo respetar los convenios colectivos, que recogen salario y jornada laboral, y el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que recoge recomendaciones de subidas salariales para el período 2023-2025.