El real decreto por el que se crea este sistema, que entrará en vigor mañana, contempla la puesta en marcha de una Junta Arbitral Central de ámbito estatal adscrita al Ministerio de Trabajo, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.

Este órgano contemplará las solicitudes de arbitraje de las personas con discapacidad, sus representantes legales u organizaciones representativas en materia de discapacidad.

Según establece el real decreto, serán objeto de arbitraje las controversias referidas a telecomunicaciones; espacios públicos urbanizados, infraestructuras o edificación; transportes, o bienes muebles e inmuebles, entre otras cuestiones.