Arenas presentó hoy un informe sobre el resultado del plan de lucha contra el fraude social y la morosidad en los pagos a la Seguridad Social puesto en marcha en julio de 1996, que ha permitido desde entonces un ahorro de 88.668 millones de pesetas. En 1997, estas medidas, según las estimaciones del ministro, depararán un ahorro de 181.718 millones.

El ministro de Trabajo destacó que e cruce informático de datos con Hacienda está permitiendo detectar importantes irregularidades. A este respecto, indicó que han sido enviadas cartas a 129.000 pensionistas que reciben complementos de mínimos para que expliquen a qué obedece la diferencia entre los datos de la Seguridad Social y los de la Administración Tributaria.

Arenas indicó que, estando fijado el tope para recibir estos complementos mínimos en 785.000 pesetas, se han detectado más de 200 supuestos de pensionistas que teniendo rents superiores a 3 millones de pesetas recibían este complemento. Citó, por llamativo, el caso de una persona con un patrimonio superior a 250 millones de pesetas que estaba recibiendo el complemento por mínimos.

Además, según el ministro, se han detectado 115.000 casos de pensionistas que reciben prestaciones familiares con hijo a cargo en los que los datos de la Seguridad Social no coinciden con los de Hacienda y 38.000 pensiones no contributivas en las que ocurre lo mismo. Arenas explicó que también ay en marcha la solicitud de retrocesión de 200.000 mensualidades a 91.000 pensionistas que habían fallecido y sus familias seguían cobrando la pensión.

El titular de Trabajo destacó los avances logrados también en la lucha contra el fraude en materia de incapacidad temporal, y anunció que la próxima semana se presentará el reglamento por el que se reforzará el papel de las mutuas, no sólo en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sino en contingencias comunes.

Según los datos de traajo, dentro de las prestaciones contributivas, el ahorro alcanzado en la gestión de la prestación familiar por hijo a cargo ha sido de 1.924 millones en 1996 y en la prestación de incapacidad temporal de 8.000 millones. En las cotizaciones a la Seguridad Social, las medidas de lucha contra el fraude han permitido un mayor ingreso de 12.518 millones.

En las prestaciones por desempleo, el ahorro ha alcanzado los 63.069 millones de pesetas, mientras que en las prestaciones no contributivas el 3,4% de lasrevisiones practicadas en 1996 han supuesto la extinción del derecho, el 1,3% la suspensión del pago y el 11% la modificación a la baja de la prestación.

En cuanto a las subvenciones que otorga Asuntos Sociales a las organizaciones no gubernamentales, el ministro se mostró insatisfecho con el control de su destino y anticipó que se modificarán en 1997 las normas para la concesión de estas subvenciones. Según sus datos, en 1996 se ha reclamado el reintegro de 20 millones de pesetas en subvenciones.

DUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Arenas se refirió también al control de la morosidad a la Seguridad Social, y dijo que ha experimentado en 1996 una "notable mejoría". Según el ministro, la deuda del sector público con la Seguridad Social ha pasado de 267.000 millones a finales de 1995 a 152.000 millones a finales de 1996.

El ministro explicó que en el concepto de morosos con la Seguridad Social no entran los que tienen convenios de aplazamiento de deuda, que suman 110.000 millones de pesetas a finale del 96, frente a los 58.000 millones de un año antes. También ha aumentado notablemente la deuda del sector público en procedimiento de moratoria, que pasó de 8.179 millones en diciembre del 95 a 67.000 millones a finales del pasado año.

En cuanto a la deuda directa de las comunidades autónomas, Arenas explicó que están en el proceso de determinar conjuntamente a cuánto asciende en cada caso, para pasar después a firmar convenios de aplazamiento y si no es así proceder a la deducción directa.

Arnas señaló que la deuda directa de las autonomías ha pasado de 65.000 millones en diciembre de 1995 a 72.000 millones a finales de 1996, mientras que la de organismos autónomos y empresas públicas dependientes de la Administración autonómica ha bajado de 33.900 millones a 19.800 millones.