De los casi 280 millones de euros desembolsados por el Fogasa, el 87,6% correspondieron a trabajadores de empresas declaradas insolventes y un 12,4% a empleados de compañías afectadas por expedientes de regulación de empleo (ERE).

El Fogasa garantiza, por un lado, el percibo de los salarios y las indemnizaciones pendientes de pago a los trabajadores en los casos de insolvencia declarada de una empresa, en suspensión de pagos o en quiebra. Por otro lado, el fondo abona el 40% de las indemnizaciones legales que correspondan a los trabajadores derivadas de despido colectivo (a través de un ERE).

Durante el pasado ejercicio, el total de empresas sobre las que actuó el fondo alcanzó las 33.460, de las que 24.389 eran insolventes. El número de beneficiarios de las prestaciones del Fogasa en 2004 alcanzó los 88.065, el 79% de ellos víctimas de la quiebra de sus compañías.