"Los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno y la oposición han mostrado una sensibilidad para que la tramitación sea fiel a los contenidos y la filosofía del decreto ley", dijo Gómez, quien aclaró que, no obstante, se respeta "la soberanía de las Cortes Generales".

Durante un encuentro con la prensa en el marco de una jornada de UGT sobre el "Acuerdo para la mejora del crecimiento y del empleo", Gómez aseguró que "hay un nivel de consenso amplio para que se respete" la reforma, si bien antes de que el texto se someta a discusión parlamentaria resultaría "violento reducir la competencia que tiene la Cámara Baja" y decir antes de la tramitación "que no se va a cambiar nada".

"Ni el Gobierno ni los agentes sociales esperan que se vayan a introducir modificaciones importantes en el Parlamento, porque los grupos ya están plenamente informados" del contenido de la reforma, indicó Gómez.

Desde el Ejecutivo no se considera necesario que la reforma laboral se tramite por vía de urgencia, porque algunos puntos ya están vigentes y el resto lo estarán a partir del 1 de julio.

MODERNIZACIÓN DEL INEM

El secretario general de Empleo explicó también que desde el Gobierno se espera que la modernización del Servicio Público de Empleo Estatal (el antiguo INEM) entre en vigor a principios de 2007, por lo que tendría que "abordarse cuanto antes".

Se prevé que a la vuelta del verano se cree un grupo de trabajo con todos los firmantes del acuerdo de la reforma laboral para estudiar la modernización del INEM. Este grupo deberá culminar sus trabajos antes de fin de año, para que empiece a funcionar en 2007.

Por otra parte, sobre la intermediación laboral de la iniciativa privada, Gómez señaló que "a corto plazo sería precipitada la plena legación de las agencias privadas de colocación" por la oposición de los sindicatos, si bien prevé una mayor presencia de agencias de recolocación.

Para el secretario general de Empleo, lo importante en esta materia es "alcanzar un consenso pleno", por lo que si una parte no está de acuerdo, el Gobierno no tratará de imponer su posición, pese a que considera "positiva" una mayor intermediación de la iniciativa privada.