El informe, titulado "Propuestas de mejora en el marco jurídico-social de protección del discapacitado psíquico por enfermedad mental", estudia con especial atención los procesos de incapacitación que se desarrollan en España y señala que en más de la mitad de los casos se resuelven con la incapacidad total.

Sin embargo, continúa, a menudo se registran recursos para reintegrar la capacidad, y es el colectivo de enfermos mentales de larga evolución el que más solicitudes de este tipo presenta.

Según la autora del trabajo galardonado con el segundo premio, la profesora de Derecho de la Universidad de León Piedad González Granda, esto se explica por el hecho de que "sufrir una enfermedad mental no supone necesariamente una incapacidad, a pesar del fuerte estigma social que padecen estas personas".

González Granda opina que la discapacidad mental requiere un tratamiento específico frente a otras discapacidades, porque no es estable, sino imprevisible, y, por tanto, las personas que viven con ella tienen muchos momentos de lucidez.