El plan persigue controlar los procesos de incapacidad, garantizando la autenticidad de la prestación y que la duración de la cobertura se corresponde con la realidad de la enfermedad o incapacidad del beneficiario.

Hasta ahora se han firmado acuerdos semejantes con Cataluña, Andalucía y Navarra. Según la información facilitada por el Ministerio de Trabajo, este convenio, que está vigente en Cataluña desde mayo de 1996, ha logrado disminuir en dicha comunidadel número de procesos y ha reducido un 3,19% el gasto respecto al mismo período del año anterior.

El gasto total por incapacidad temporal ascendió en 1995 a medio billón de pesetas, de los que 272.000 millones correpondieron al pago directo, con 5 millones de posibles beneficiarios, y 228.000 millones a pago delegado, con una población protegida de 9 millones de trabajadores.