El secretario de Estado de Seguridad Social, Fernando Castelló, arremetió contra el Gobierno andaluz, por mantener esta deuda co la Seguridad Social mientras se dedica a aprobar pago a los pensionistas andaluces.

El Ejecutivo andaluz aprobó recientemente complementar pensiones asistenciales, no contributivas y de viudedad en 2004, para lo que dedicará 42,1 millones de euros, apenas un tercio de la deuda que tiene contraída con la Seguridad Social.

El secretario de Estado resaltó que, si todos los gobiernos autonómicos actuaran como el andaluz, "no se podrían pagar las pensiones".

La Seguridad Social viene detectando esde 1997 irregularidades en el pago de las cotizaciones sociales que la Junta de Andalucía tiene que hacer por los funcionarios que dependen directamente de sus consejerías y órganos de Presidencia, según informaron a Servimedia fuentes de la Tesorería de la Seguridad Social.

No obstante, la deuda es "mayor", dijo Castelló, puesto que a esa cantidad, 150 millones de euros, se debería sumar la que mantienen las empresas públicas dependientes de la Junta.

El Gobierno está estudiando la fórmula de oner fin a la actitud que está manteniendo el Gobierno andaluz. Según Castelló, es el único que tiene una deuda de estas características con la Seguridad Social, puesto que el resto de comunidades están más o menos al día en sus obligaciones.

El Ejecutivo tiene intención de utilizar el desarrollo del Pacto de Toledo y los acuerdos sociales sobre pensiones que se empiecen a negociar a partir de marzo para pactar las medidas con las que hacer frente a la Junta de Andalucía.

Actualmente, las empresa que contraen deudas con la Seguridad Social sufren múltiples penalizaciones, como recargos en los pagos, imposibilidad de contratar con la administración y, en último caso, embargos.

El Gobierno central no quiere llegar al extremo de tener que embargar a un Ejecutivo autónomico, pero estudia la mejor fórmula para recuperar la deuda que el Gobierno andaluz tiene contraída con la Seguridad Social.

Eso sí, nada se hará antes de las elecciones generales del próximo mes de marzo, que previsiblemente oincidirán con los comicios autonómicos andaluces. "Ahora no hay tiempo" para poner en marcha ninguna medida legislativa, explicó Castelló, dado que el Parlamento cerrará sus puertas a finales de año.