Fuentes del departamento que dirige Jesús Caldera indicaron a Servimedia que no tendría mucho sentido someter al trámite parlamentario un acuerdo ya alcanzado con patronal y sindicatos.

Desde Trabajo inciden en que, con la convalidación preceptiva de todo decreto, el Parlamento ya se pronuncia sobre la norma que aprobará el Gobierno, y que el Ejecutivo quiere tener en vigor el 1 de julio.

Si se decide tramitar como proyecto de ley se podría modificar el contenido de un acuerdo ya cerrado, lo que llevaría a volver a consultarlo con los agentes sociales, lo que no tendría mucho sentido, señalan en el Gobierno.

No obstante, si los firmantes del acuerdo aceptaran ese trámite como proyecto de ley el Gobierno no tendría inconveniente en dar ese paso.

El Gobierno está "muy satisfecho" con el pacto alcanzado con patronal y sindicatos y confían en que dé resultados en la reducción de la temporalidad.

Resalta que, al igual que sucedió con el proceso de legalización de los inmigrantes, ahora los empresarios deben demostrar su apuesta por el empleo estable.

En todo caso, desde Trabajo admiten que, dada la estructura productiva de España, siempre tendrá una temporalidad superior a la media de la UE, dado el peso del turismo, los servicios y la construcción.