Fuentes del departamente que dirige Jesús Caldera explicaron a Servimedia que hasta hoy, cuando se cerró el plazo para la presentación de las reclamaciones, UGT, CGT, CNT, ELA-STV y la Asociación de Ganaderos del Reino son las organizaciones que han presentado la documentación necesaria para recibir la compensación por las incautaciones del régimen franquista.

"El proceso es largo y complicado, por lo que no podemos adelantar un plazo para que concluya", señalaron dichas fuentes, quienes afirmaron que el ministerio "tratará de agilizar todo lo que pueda los trámites".

El pasado 24 de noviembre, el Congreso de los Diputados aprobó la convalidación del decreto-ley que permite la devolución del patrimonio sindical histórico a UGT y CNT, por importe de 151,3 y 3,7 millones de euros, en cada caso.

Ahora, una vez concluido el plazo de presentación de la documentación, las peticiones de estas dos organizaciones, junto a las de CGT, ELA-STV y la de la Asociación de Ganaderos del Reino, se trasladarán a la Subdirección de Patrimonio Sindical del ministerio.

Tras el visto bueno de la subdirección, los expedientes pasarán a la Abogacía del Estado, que lo vuelve a revisar. Estos trámitos son "filtros legales puramente administrativos", según Trabajo, "que sólo miran que se cumplan los requisitos".

El siguiente paso es la subsecretaría del ministerio, donde de nuevo se analizarán las peticiones y se prepararán los trámites para su presentación ante el Consejo de Ministros.

"El problema es cuando ha desaparecido el inmueble", señalaron dichas fuentes. Cuando el patrimonio incautado sigue en pie, la devolución es inmediata, pero no ocurre lo mismo cuando el inmueble ha sido derruído.

En estos casos, es necesario un proceso de valoración "un poco más complicado en el sentido técnico". Un comité de valoración, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, se encarga de tasar los inmuebles y fijar las cantidades que serán devueltas a las organizaciones sindicales.

Tras este proceso, si los demandantes no están satisfechos con la resolución del Consejo de Ministros, podrán recurrirla ante el Tribunal Supremo.