De ser así, más de 50.000 personas podrían ser obligadas a salir de España ya que, según los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales hechos públicos hoy, de los 504.786 expedientes ya resueltos en el proceso de regularización, un 10,92% han sido "inadmitidos, denegados y archivados".

La otra opción, apuntó Aibar, sería que los afectados "reinicien un nuevo proceso" de regularización si los inmigrantes cuyos expedientes han sido denegados "ya cuentan con la documentación" que les faltó para superar la tramitación provisional.

En este sentido, explicó que el proceso impuso una serie de requisitos a cumplir, como la presentación de un contrato laboral, y que, en algunos casos, el expediente pasa a la tramitación provisional en espera de confirmación del empresario.

Si la confirmación no llega antes de un mes aprobada la solicitud, "evidentemente, habrá que denegarlo", concluyó el alto cargo de Trabajo y Asuntos Sociales.