El departamento que dirige Manuel Pimentel señala que el Constitucional ya se pronunció en este sentido en una sentencia de 1989, según la cual "las concretas facultades de las Comunidades Autónomas en materia de Seguridad Social serán aquellas qu no puedan engendrar directa o indirectamente desigualdades entre los ciudadanos en lo que atañe a la satisfacción de sus derechos y al cumplimiento de sus obligaciones de Seguridad Social".

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales subraya igualmente que, en el auto difundido el pasado sábado, el Tribunal Constitucional se limitó a levantar la suspensión cautelar de la subida aprobada por la Junta de Andalucía para las prestaciones no contributivas, pero que todavía deberá pronunciarse en los próxios meses sobre el fondo de la cuestión: si las comunidades autónomas son competentes o no para fijar la cuantía de las pensiones.

Trabajo argumenta igualmente que la Consititución española, en su artículo 149, así como los Estatutos de Autonomía y la Ley General de la Seguridad Social, establecen que es competencia exclusiva del Estado fijar la cuantía de las pensiones.