Se está a la espera de "pulir" la redacción del pacto alcanzado, según las citadas fuentes, y de la ratificación de la reforma por parte de los órganos de dirección de patronal y sindicatos.

En concreto, UGT, aunque ya tiene su Ejecutiva autorización del Comité Confederal para firmar el acuerdo, celebrará el próximo martes una reunión del Consejo Confederal, órgano consultivo, donde expondrá las líneas básicas del pacto.

Mientras, CCOO aboga por la convocatoria, dada la trascendencia del asunto, de su Consejo Confederal, máximo órgano entre congresos.

En todo caso, la firma del acuerdo para la reforma del sistema de pensiones no se producirá antes de las reuniones de los órganos de dirección de los agentes sociales.

PUNTOS DE LA REFORMA

Entre las medidas incorporadas a la reforma figura aumentar el periodo que se exige de cotización para acceder a la pensión de jubilación, que será de 15 años efectivos de trabajo, al no considerarse las pagas extraordinarias, que permiten ahora acceder a la prestación contributiva con 12,8 años cotizados.

Con la reforma serán necesarios un total de 5.475 días de cotización para cobrar pensión de jubilación, en lugar de los 4.700 días actuales.

Otro de los ejes del acuerdo es la reformulación de la pensión de viudedad, aunque ha quedado muy descafeinada sobre las intenciones iniciales del Ejecutivo, y se esperará a recabar la opinión del Parlamento, a través del Pacto de Toledo, al respecto.

No obstante, se introducen limitaciones en el acceso a la pensión de viudedad de las personas divorciadas y se extiende el derecho a esta prestación a las parejas de hecho.

JUBILACIÓN PARCIAL

La reunión de ayer sirvió para cerrar los últimos "flecos" que quedaban en la negociación y que afectaban básicamente a dos cuestiones: la jubilación parcial y la incorporación de los trabajadores del Régimen Agrario de la Seguridad Social al Régimen General.

Con la reforma se establecerá una comisión que estudie cómo afrontar la integración de regímenes, pero se abrirá ya un plazo para la incorporación de uno a otro.

Por otro lado, se introducen limitaciones en el acceso a la jubilación parcial, tras advertir el Ejecutivo del enorme gasto que está empezando a generar y que se puede multiplicar en el futuro.

Se retrasa un año, hasta los 61, la edad mínima para jubilarse parcialmente. Se exige, además, que el relevista lleve seis años en la empresa, el retirado tenga al menos 30 años cotizados y que la diferencia entre las bases de cotización de ambos no supere el 65%.

Por otro lado, se apuesta por reducir el coeficiente de reducción que aplican los trabajadores que se jubilan antes de cumplir los 65 años en 0,5 puntos porcentuales (8% ahora), con lo que quedaría en el 7,5%.

Asimismo, para fomentar el retraso voluntario de la edad real de jubilación se quiere mejorar la pensión en un 2% adicional cada año que el trabajador se mantenga en activo una vez cumplidos los 65. Esta mejora permitiría a los pensionistas incluso superar la pensión máxima.

MENOS COSTES

Las empresas se beneficiarán, al igual que sucedió en el caso de la reforma laboral, de una reducción de costes en las cotizaciones sociales.

Se abaratarán en un 40% las cuotas empresariales por mantener en la empresa a trabajadores de más de 59 años que lleven más de cinco en la empresa.

En la actualidad hay un sistema gradual de bonificaciones que arranca con un 50% a los 60 años y llega al 100% a los 65. Ahora se extiende a la baja, empezando con los 59, pero con la idea, si la situación financiera del sistema lo permite, de extenderlo hasta los 55 años, con el fin de garantizar la permanencia en el mercado laboral de las personas de más edad.