Así lo avanzó Díaz en una entrevista en TVE recogida por Servimedia, en la que subrayó que “no vamos a fijar un plazo, excepto solamente en el caso de fallecimiento”, que “ampliamos a cinco días desde el día del sepelio”.

En este sentido, insistió en que “es el único plazo que vamos a fijar”, pues el resto de los permisos (ausencias justificadas al trabajo), van a tener un plazo indeterminado para que se puedan atender las diferentes casuísticas. “Lamentablemente no podemos saber en qué fecha vamos a tener operativas las vías de comunicación, la conectividad de los teléfonos móviles, de los teléfonos fijos, del agua... Es decir, estamos ante una realidad que se llama emergencia climática”, justificó la vicepresidenta.

Además, recordó que la norma que aprobará el Gobierno no está sujeto a las limitaciones geográficas de la catástrofe. “Esto es importante que lo sepamos”, dijo la titular de Trabajo, quien añadió que “no se pueden correr riesgos” y, ante la vulneración de la legislación, animó a denunciar y acudir a la Inspección de Trabajo.

Asimismo, la norma priorizará el teletrabajo cuando sea posible ante las dificultades de la DANA, aunque reconoció que se tendrá que ir al puesto de trabajo si la empresa facilita las condiciones sin peligro. No obstante, reclamó responsabilidad a las compañías y avisó: “Estoy haciendo seguimiento diario de las empresas que no están cumpliendo la legalidad vigente”.

En la entrevista, Díaz destacó la relevancia de los ERTE por fuerza mayor y manifestó que tendrán carácter retroactivo desde el 29 de octubre, el día de la pandemia. Por ello, pidió a las empresas “no despedir”, porque el objetivo es salvar tejido productivo y empleos.

Igualmente, a diferencia del permiso retribuido recuperable por cuidados en la pandemia, en este caso no tendrá que ser recuperable.

Preguntada por la gestión de la catástrofe, Díaz comentó que las “alertas han funcionado” y “están documentadas”. Dijo tener “opinión” sobre lo sucedido, si bien aclaró que ahora está “centrada, como el Gobierno de España, en la gestión de esta crisis, en salvar empresas, en salvar autónomos, en salvar trabajadores y, lo principal, salvar vidas y acompañar emocionalmente a las personas de Valencia que lo están pasando muy mal”.

“Pero, efectivamente, insisto, creo que las cosas están claras, los servicios funcionaron, las alertas funcionaron y, presuntamente, si me permiten, creo que algunas cosas se pudieron haber evitado”, insinuó Díaz, pero sin citar expresamente a la Generalitat Valenciana.