En un comunicado, los representantes de los trabajadores de la Cope afirman que "no es ésta la primera vez que un gobierno catalán quiere erradicar a la Cope de su territorio".

Creen que la situación actual es consecuencia del recurso que en su día interpuso la dirección de la Cope ante los tribunales en contra del concurso de reparto de frecuencias de FM de la Generalitat en 1999.

La nota añade que la libertad de información del ciudadano "está en el dial del aparato y no en la prepotencia política de cerrar emisoras o boicotear la publicidad de las empresas de radio".

"Nos parece que si algún gobierno autonómico entiende que una emisora o cadena actúa de manera ilegal, tiene que acudir a la Justicia para denunciar la situación", agregan los representantes sindicales, que rechazan que los puestos de trabajo de sus compañeros de Cataluña queden "a merced de lo cómoda o incómoda que sea la línea de la Cope".