Los expedientes de suspensión de empleo afectaron a 129.788 trabajadores, los de extinción de la relación laboral a 36.778 y los de reducción de jornada a 17.539. Por sexos, 162.595 de los empleados sometidos a regulación eran varones y 21.510 mujeres.

La mayoría de los afectados, 150.65, trabajaban en el sector industrial. El resto se reparte entre los servicios, con 14.756; el agrario, con 15.243; y la construcción, con 3.449. Los mayores aumentos se produjeron en la industria y la construcción, con incrementos de 27.356 y 2.380, respectivamente.

Los problemas más frecuentemente alegados por las empresas para justificar los expedientes de regulación fueron las dificultades de tesorería (en 1.826 de los 6.616 expedientes autorizados), la restricción de la demanda (en 1.477) y las raones de fuerza mayor (1.326).

Por comunidades, lad que tuvieron un mayor número de trabajadores sujetos a regulación fueron Castilla y León (33.489), el País Vasco (33.489), Andalucía (27.866), Cataluña (24.567) y Galicia (14.710).

A continuación figuran Madrid (11.512), Comunidad Valenciana (11.262), Asturias (11.358), Cantabria (5.297), Castilla La Mancha (2.812), Aragón (2.792), Navarra (2.348), Canarias (1.662), Murcia (1.518), Baleares (1.106), Extremadura (651), La Rioja (486) y Ceuta y Mellla (75).

MENOS EMPRESAS NUEVAS

Por otra parte, entre enero y julio de 1990 se pusieron en marcha 49.048 empresas, 29.047 menos que en el mismo periodo de 1989, también según datos del Ministerio de Trabajo.

De esas empresas, 31.365 eran del sector servicios, 10.916 de la construcción, 6.081 de la industria y 686 del sector agrario. Por comunidades autónomas, la mayor parte se abrieron en Cataluña, con 7.708, seguida de Madrid, con 7.261, y la Comunidad Valenciana, con 5.524.