Según publica hoy el diario valenciano "Levante", la delegada del Gobierno en Valencia, Carmela Moya, había mostrado su preocupación porque tenía noticias de que el fallo de la sentencia iba a ser condenatorio, lo que supondría un gran desembolso para el Estado, que tendría que pagar las indemnizaciones.

El representante legal de la Administración intentaba conocer la veracidad de estas informaciones recibidas por la delegada del Gobierno, pero, según la informacióndel diario valenciano, no trascendió si realmente obtuvo datos sobre la resolución final del tribunal.

La filtración del fallo, que será dado a conocer casi con toda seguridad mañana, pero cuyo contenido ya salió ayer publicado en "El País", despertó la indignación entre los miembros del tribunal.