De esta forma, Alvarez de Miranda admite a trámite la queja presentada por la Asociación contra el Racismo de Asilados y Refugiados (ACRARE) en la que pedía su intervención, porque considerar que en la detención se podría haber "transgredido" el artículo 10 de la Constitución sobre violación de los derechos fundamentales de las personas.

En na nota de prensa, ACRARE expresa su total apoyo a los 500 inmigrantes ecuatorianos que trabajan como temporeros en Totana, al tiempo que rechaza cualquier posible expulsión de miembros de este colectivo.

Por ello, ACRARE exige al Gobierno la concesión de permiso de trabajo y residencia para las inmigrantes ecuatorianos 'ilegales' para su integración social en Totana.